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El SEPE, con su personal desbordado, busca apoyo en empresas externas

El BOE del pasado sábado informa del contrato por 140.000 euros con la empresa pública TRAGSATEC para apoyar al SEPE en la tramitación de los ERTE por fuerza mayor. Es la misma empresa que está gestionando el subsidio de empleadas de hogar.



TRAGSATEC es una empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y colabora prestando servicios a empresas privadas y a la propia Administración Pública.

En el BOE del 30 de mayo hemos conocido que esta sociedad ha sido adjudicataria de un contrato por importe de 139.982,60 euros para realizar tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19.

El Servicio Público de Empleo (SEPE) ya ha subcontratado anteriormente con esta empresa algunos de sus servicios, como la resolución de incidencias y grabación de datos del Programa de Garantía Juvenil. Este tipo de contrataciones en el pasado ha sido duramente criticada por sindicatos. El pasado mes de febrero, CCOO denunciaba una “privatización encubierta” en la Dirección Provincial del SEPE en Madrid, que había contratado la gestión de cobros indebidos con esta empresa.



Sin embargo, la situación actual tras la emergencia sanitaria ha desbordado todas las previsiones, con más de cuatro millones de trabajadores afectados por ERTE, cinco veces más de la carga de trabajo habitual. El refuerzo con la contratación de unos 800 interinos de la bolsa de empleo del SEPE parece que no ha sido suficiente. De hecho, los sindicatos pedían el doble de refuerzos.

El SEPE, con un plantilla exigua, está buscando apoyo en contrataciones con empresa externas.  Por ejemplo, la gestión del nuevo subsidio de empleadas de hogar está a cargo de Tragsatec y  la atención telefónica del Centro de Atención al Usuario (CAU) se ha reforzado con personal de Connectis.

En este momento de crisis, la búsqueda de refuerzos externos parece ser una de las pocas soluciones posibles para intentar dar salida a las miles de prestaciones por ERTE que aún están pendientes de aprobación y los cambios que se van a generar con la reincorporación de trabajadores.

La situación real en el SEPE es complicada.  Se percibe al hablar con sus funcionarios, que están desmoralizados y agotados porque no pueden hacer más con los medios que tienen. Y por otro lado, los trabajadores que han sufrido un ERTE y sus familias se desesperan al llevar ya más de dos meses sin cobrar, con situaciones personales verdaderamente angustiosas.

La mayor crítica a la gestión que se está haciendo de los ERTE no la hemos encontrado ni en los medios de comunicación, ni de los partidos de la oposición, sino de la mano de un sindicato.

El pasado 25 de mayo, el sindicato de funcionarios CSIF envió una carta muy crítica al Director General del SEPE, en la que rebatía los mensajes tranquilizadores de la dirección. Según el sindicato, “a pesar de lo que se manifiesta en las comparecencias y entrevistas, no hemos abonado “prácticamente todas las prestaciones pendientes”.  Tras la reunión del sindicato con la dirección el día 28, sigue sin conocerse el número exacto de ERTE pendientes. Los responsables del SEPE consideran que son un porcentaje mínimo, de “unos pocos de miles”, aún siendo un drama  para las personas afectadas, mientras que CSIF mantiene que el número total de afectados es mucho mayor.

En igual sentido, UGT se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para  tome todas las medidas necesarias para el pago de los ERTES en tiempo y exige que garantice la seguridad de sus empleados.



Los funcionarios del SEPE son conscientes del hartazgo y la crispación de muchos ciudadanos y temen problemas de orden público si se abren las oficinas de empleo sin haberse resuelto la mayor parte de las prestaciones que aún quedan pendientes de aprobar. 

Ese es el objetivo prioritario en este momento en el SEPE para poder recuperar la normalidad.

 

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