La propuesta de la Seguridad Social de permitir las bajas médicas “a medias” causa sorpresa y críticas en los sindicatos e incluso en los Ministerios de Trabajo y Sanidad.
¿En qué consiste la propuesta que ha avanzado el Ministerio de Seguridad Social?
Actualizado: 04/10/2024
En los últimos días, el debate sobre la reforma de la incapacidad temporal (IT) ha generado intensas discusiones en el ámbito laboral, tanto en el seno del Gobierno como entre sindicatos y la patronal. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha adelantado una propuesta busca flexibilizar el actual sistema de bajas laborales, permitiendo a los trabajadores reincorporarse parcialmente a su puesto de trabajo en determinadas situaciones de enfermedad. Es lo que se ha venido en llamar las “bajas médicas a medias”.
El objetivo principal de la reforma, según Saiz, es adaptar el sistema de incapacidad temporal a los avances médicos y tecnológicos, permitiendo que ciertos trabajadores puedan reincorporarse de manera parcial mientras siguen en tratamiento médico. Esto abriría la puerta a una modalidad de baja intermedia, en la que el trabajador no estaría ni completamente de alta ni completamente de baja.
Uno de los ejemplos presentados por la ministra ha sido el caso de aquellos trabajadores que se recuperan de tratamientos médicos graves, como el cáncer. En estos casos, podría ser viable que el trabajador, siempre bajo la supervisión médica y desde la voluntariedad, regrese de forma gradual a su puesto de trabajo, si ello contribuye a su recuperación. Asimismo, la propuesta contempla situaciones de pluriactividad, donde el trabajador podría estar de baja para una actividad pero continuar desarrollando otra.
Saiz ha comparado este cambio con la reforma realizada en el sistema de pensiones, que permite a los trabajadores compatibilizar una pensión parcial con una actividad remunerada. Sin embargo, esta propuesta ha generado posturas enfrentadas en el ámbito laboral.
La realidad es que el actual sistema de bajas ha experimentado un aumento significativo desde la pandemia, lo que ha incrementado el gasto público y ha generado preocupación entre las empresas por el coste del absentismo. De hecho, el gasto en subsidios por incapacidad temporal se disparó un 17,6% en los primeros ocho meses del año 2024, alcanzando los 10.422 millones de euros.
La ministra de Seguridad Social niega que haya razones económicas para modificar la Incapacidad Temporal
En declaraciones a Onda Cero (04/10/2024), la ministra ha señalado lo siguiente: “Hablar de incapacidad temporal supone hablar de salud mental, psicosocial y física de trabajadores. Quiero ser muy clara: la salud es un derecho de los trabajadores que deben proteger las empresas y para este Gobierno es algo irrenunciable, pero hablar de incapacidad temporal también es hablar de cómo somos como sociedad después de una pandemia y cómo son las nuevas formas de trabajo, siempre desde la decisión personal y la voluntariedad en cada caso”,.
Para la ministra, este es un debate que busca “ampliar derechos” y que hay que abordar con mucha “sensibilidad y pedagogía”. Como ejemplo, pone el caso de una persona que esté en situación de pluriactividad, que no pueda realizar una actividad física por sufrir una patología, pero sí otro tipo de actividad: “Determinadas patologías donde una reincorporación paulatina pueda beneficiar la recuperación”.
Por eso, Saiz habla siempre de “decisión personal, supervisión médica, ampliar derechos y justicia social” y recalca: “No perder de vista que la salud de los trabajadores está en el epicentro de esta cuestión”. Al mismo tiempo, niega que esta propuesta esté relacionada con una reducción de costes por parte de la Seguridad Social: “De ninguna manera, esto no es una cuestión económica. Está en la línea de ampliar derechos, justicia social y acompañar la realidad cambiante”.
Los sindicatos rechazan la propuesta
Desde los sindicatos, la respuesta ha sido mayoritariamente crítica. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha señalado que antes de plantear esta medida, sería necesario constituir un grupo de trabajo para estudiar a fondo la reforma de la IT. Bravo también ha alertado sobre el peligro de transmitir inseguridad a los trabajadores que se encuentren en situación de baja. Según Bravo, el incremento del gasto en incapacidad temporal se debe, entre otros factores, al aumento de la población trabajadora, el envejecimiento de los trabajadores y la saturación de los servicios públicos de salud.
Por su parte, Fernando Luján, vicesecretario general de UGT, ha expresado sus reservas al considerar complicado que en un mismo paciente se compatibilicen las situaciones de capacidad e incapacidad laboral. Luján ha subrayado la importancia de centrar los esfuerzos en mejorar la prevención, el diagnóstico y la curación de las enfermedades, en lugar de complicar el proceso con fórmulas flexibles de reincorporación laboral.
Y en la propia coalición de gobierno tampoco hay consenso
Desde el ámbito político, la propuesta tampoco ha sido bien recibida por los miembros de gobierno de coalición que pertenecen a Sumar.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó categóricamente la iniciativa al afirmar que “con la salud no se juega”, destacando que el único motivo para una baja médica debe ser la protección de la salud de los trabajadores. La ex ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también expresó su desacuerdo, calificando la propuesta como una medida más propia del ámbito empresarial que de un gobierno progresista.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que la baja médica “es un acto médico” y ha dicho que eso va a ser defendido “a muerte”. “El médico te dice que tienes que estar de baja igual que te receta un medicamento. La salud es lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema”, ha insistido. Nos rechina la palabra flexible” pero sí que es verdad, ha añadido, que en la consulta puede haber casos de reincorporación paulatina, como por ejemplo una paciente con meses de baja por una depresión que en vez de pasar de cero a 100, tiene que pasar por una incorporación paulatina, esta posibilidad se puede sondear”. Sin embargo, ha advertido que “si de lo que estamos hablando es de flexibilidad para desproteger al trabajador, que puede verse afectado por coacciones o presiones de las empresas, en esto no vamos a estar de acuerdo nunca”. Para Mónica García este asunto hay que “mirarlo desde el punto de vista del paciente, si es beneficioso para su recuperación, no del empresario, que quiere que el empleado vuelva cuanto antes”.
El Gobierno destaca que habrá diálogo con los agentes sociales
Pese a las críticas, la ministra Saiz ha defendido que cualquier reforma de la IT se llevará a cabo “desde el consenso y el diálogo social”.
El acuerdo de pensiones firmado en septiembre de 2024 ya contemplaba la creación de un grupo de trabajo para estudiar la reforma de la IT, en particular para agilizar el tratamiento de bajas prolongadas por enfermedades traumatológicas mediante la intervención de mutuas colaboradoras. Esta reforma, que se está desarrollando de forma paralela, busca reducir los tiempos de espera y optimizar los recursos mediante la derivación de pacientes a mutuas, siempre con el consentimiento informado del trabajador.
Esta reforma, en discusión en el seno del diálogo social, está pendiente de desarrollo legislativo. Cualquier modificación deberá integrarse dentro del marco de la Ley General de la Seguridad Social y de los convenios entre las mutuas colaboradoras y los servicios públicos de salud. Además, el grupo de trabajo para la reforma de la incapacidad temporal abordará las implicaciones legales y operativas de estos cambios.
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Asesor jurídico. Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)