El SEPE puede anular una prestación o subsidio aprobados, bien porque se haya dejado de cumplir requisitos, o bien porque el SEPE detecte de oficio que cometió un error al aprobarlas.
¿Qué es la revisión o revocación administrativa del cobro del paro?
Actualizado: 24/08/2024
La revisión o revocación administrativa del cobro del paro es un procedimiento realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para asegurarse de que los beneficiarios de prestaciones por desempleo siguen cumpliendo con los requisitos necesarios para recibir dicha ayuda.
Este proceso puede iniciarse de oficio por el SEPE o a petición del propio beneficiario si han cambiado sus circunstancias personales o laborales.
Ejemplo 1: una vez concedido un subsidio por desempleo, el SEPE cruza datos con la Agencia Tributaria y comprueba que el beneficiario del subsidio tiene ingresos por encima del 75% del Salario Mínimo Interprofesional y por ello, le suspende el pago del subsidio.
El objetivo de esta revisión del SEPE es verificar si las condiciones bajo las cuales se concedió la prestación siguen siendo válidas.
Ejemplo 2: Si el beneficiario encuentra un trabajo, si cambian sus ingresos o si se detecta algún error en la tramitación inicial, el SEPE puede ajustar, suspender o incluso reclamar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente.
Es importante entender que la revisión no implica automáticamente una sanción o una retirada de la prestación. En muchos casos, el resultado puede ser simplemente un ajuste en la cuantía de la ayuda o en el periodo durante el cual se percibe. Sin embargo, si se determina que el beneficiario ya no cumple con los requisitos, se procederá a la revocación del derecho a la prestación.
En cuanto al procedimiento, el SEPE notificará al interesado el inicio de la revisión, explicando los motivos y las posibles consecuencias. A partir de ese momento, el beneficiario dispone de un plazo de 10 días para presentar alegaciones, aportar pruebas o corregir la información que considere errónea. Este es un momento importante, ya que permite al afectado defender su derecho a seguir recibiendo la prestación.
Si después de revisar las alegaciones el SEPE llega a la conclusión que se debe modificar o revocar la prestación, emitirá una resolución motivada que comunicará al beneficiario. En esta resolución se detallará la decisión tomada, así como los recursos que el beneficiario puede interponer si no está de acuerdo. Es importante destacar que el beneficiario tiene derecho a presentar una reclamación previa antes de recurrir a la vía judicial.
Finalmente, si se decide que el beneficiario debe devolver cantidades percibidas indebidamente, el SEPE ofrecerá facilidades de pago, como la posibilidad de fraccionar la deuda. Sin embargo, es fundamental responder a las notificaciones del SEPE y actuar dentro de los plazos establecidos para evitar complicaciones adicionales.
Fuente: SEPE
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