El Congreso aprueba las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones

Con la aprobación del informe, el Gobierno iniciará la reforma del sistema público de pensiones.

Aprobado el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo

Actualizado: 19/11/2020

El Congreso de los Diputados ha aprobado con un importante consenso las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones.

El informe contó con los votos a favor del PSOE, PP, UNIDAS PODEMOS, JUNTS, PNV, Más País-Equo, UPN, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Foro Asturias, el PRC y Teruel Existe. Se han abstenido Vox, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Foro Asturias y el BNG y únicamente han votado en contra los dos diputados anticapitalistas de la CUP.

 

El informe de la Comisión que se ha aprobado servirá de guía para que el Gobierno de coalición lleve a cabo la reforma del sistema público de pensiones. Además, se espera conseguir otro acuerdo con sindicatos y patronal para que también apoyen las líneas maestras de la reforma.

 

Las medidas propuestas son el fruto de cinco años de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.

Video: Votación en del Informe de la Comisión del Pacto de Toledo.

 

¿Cuáles son las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo?

En el documento aprobado por el Congreso, se desglosan las propuestas de la Comisión, que según ha anunciado el Ministro de Seguridad Social, pronto se transformarán en una reforma legislativa.  Este es el resumen:

  • Se rechaza llevar a cabo una “transformación radical del sistema” que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.
  • Actualización de las pensiones según el IPC:  se mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones, revalorizándose con arreglo al IPC real.  Las subidas por encima de este valor deberán contar con financiación adicional.
  • Se mantiene en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.  Se evaluará el impacto de la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y la elección de los mejores años para calcular la pensión para evitar lagunas de cotización.
  • Se deberá intentar aproximar “tanto como sea posible” la edad de jubilación efectiva a la edad legal, fomentando con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario). Se analizará el coste de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización. 
  • La financiación básica debe realizarse a través de las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales “basados en la imposición general”. Las pensiones no contributivas se financiarán a través de Presupuestos Generales del Estado.
  • El Estado debe asumir algunos de los gastos que ahora soporta la Seguridad Social, como las reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión. Se establecerá un calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.
  • Se dará preferencia por los planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro, con mejoras fiscales y jurídicas para estos sistemas y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales “más vulnerables”.
  • Para luchar contra la brecha de género en las pensiones, por la que la media de las pensiones de las mujeres es muy inferior a la de los hombres, se deberá garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos. Se revisarán las situaciones en las que se producen lagunas de cotización involuntarias y tratamientos discriminatorios en las pensiones de personas trabajadoras a tiempo parcial.
  • La reducción de los importes disponibles en el Fondo de Reserva no será justificación para reducir cuantía de las prestaciones. El Fondo deberá reponerse
  • Se proponen medidas concretas para combatir la precariedad laboral de los jóvenes, favoreciendo su acceso al mercado de trabajo y por lo tanto, a las cotizaciones.  También se habrá de combatir la discriminación de las personas migrantes, especialmente vulnerables, para lograr su integración en el sistema.
  • En la era de la revolución tecnológica en el trabajo, habrá que encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

 

Documentación:  Informe de la Comisión del Pacto de Toledo (texto original pdf). 

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