¿Alguna vez te han denegado una ayuda o un derecho sin explicarte bien por qué?
Ahora imagina que detrás de esa decisión no hay una persona, sino un algoritmo: un programa informático que decide quién recibe una ayuda y quién no.
Actualizado: 13/11/2025
Eso es exactamente lo que pasó en España con el sistema Bosco,. Una sentencia judicial del Tribunal Supremo puede cambiar la forma en que la Administración utiliza la inteligencia artificial.
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BOSCO. Un algoritmo que decidió quién se quedaba sin luz
Hace años, el Gobierno puso en marcha BOSCO, un sistema automatizado para gestionar el bono social eléctrico, una ayuda para familias y personas vulnerables. El objetivo era agilizar el proceso, pero pronto empezaron a surgir problemas: muchas personas que cumplían los requisitos, como mujeres jubiladas con pensión de viudedad, veían cómo el sistema les denegaba la ayuda sin explicación clara.
El problema no era solo técnico, también era humano. El algoritmo, por un error de configuración, en muchos casos dejaba fuera a quienes más lo necesitaban. Y lo peor: nadie podía revisar cómo funcionaba el sistema porque el código fuente —la “receta” o “caja negra” del programa— estaba oculto. La Administración se negaba a compartirlo, alegando que era cuestión de seguridad o propiedad intelectual.
Siete años de lucha por la transparencia
Durante siete años, la Fundación Civio, una organización que defiende la transparencia y los derechos digitales, pidió una y otra vez que el Gobierno explicara cómo funcionaba Bosco. Querían auditar el sistema para detectar errores y garantizar que nadie se quedara sin ayuda por culpa de un fallo técnico.
Pero la respuesta siempre fue la misma: “No se puede”. Hasta que, en septiembre de 2025, el Tribunal Supremo dio la razón a Civio y obligó al Gobierno a publicar el código fuente de Bosco. Fue un momento histórico: por primera vez, la justicia española exigió que los algoritmos públicos sean transparentes y revisables por cualquier ciudadano.
¿Por qué es tan importante?
La sentencia del Supremo no solo afecta al bono social. Marca un antes y un después en la forma en que la Administración utiliza la inteligencia artificial.
Ahora, cualquier sistema que tome decisiones que afecten a los derechos de las personas —como ayudas, becas o incluso multas— tendrá que ser explicado y auditado.
El fallo es claro: “Los poderes públicos tienen la obligación de explicar de forma comprensible el funcionamiento de los algoritmos que se emplean en la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos”. Esto significa que ya no se puede esconder tras la tecnología: si un algoritmo decide quién recibe una ayuda, todos tenemos derecho a saber cómo lo hace.
El caso Bosco no es solo un problema técnico, es una cuestión de justicia y democracia. Si la Administración delega decisiones en algoritmos, debe garantizar que esas decisiones sean justas, transparentes y revisables. No se puede dejar a la gente a merced de una caja negra que nadie entiende.
Además, el fallo llega en un momento clave. Cada vez más servicios públicos se gestionan con inteligencia artificial, desde la sanidad hasta la educación. Si no exigimos transparencia, corremos el riesgo de que errores o sesgos pasen desapercibidos, afectando a quienes más lo necesitan.
Inspecciones de la Agencia Tributaria, control de las Incapacidades laborales, lucha contra el fraude laboral, control de prestaciones en el SEPE … cada vez es más frecuente el uso de aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Administración Pública
¿Qué cambia a partir de ahora?
El caso Bosco es un ejemplo de cómo la lucha por la transparencia puede cambiar las cosas. El código de los algoritmos que utiliza la Administración Pública no podrá ser secreto.
Si la Administración quiere usar la inteligencia artificial, debe hacerlo con luz y taquígrafos. Porque, al final, detrás de cada algoritmo hay personas, y sus derechos no pueden depender de un código oculto.
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Sentencia del Tribunal Supremo 119/2025. Caso Bosco
La Fundación Civio describe así el recurrido judicial que tuvo este caso:
“El litigio comenzó en 2018, cuando Civio solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica el acceso al código fuente de la aplicación BOSCO. Tras una desestimación inicial por silencio administrativo, Civio reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). En febrero de 2019, el CTBG resolvió estimar parcialmente la petición: concedió el acceso a la documentación técnica y a los resultados de las pruebas, pero denegó el acceso al código fuente, argumentando que estaba protegido por el límite de propiedad intelectual.
Disconforme con la denegación, Civio llevó el caso a los tribunales. En diciembre de 2021, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8 desestimó el recurso, no solo validando el argumento de la propiedad intelectual, sino añadiendo el del peligro para la seguridad pública. Civio apeló esta decisión, pero la Audiencia Nacional, en su sentencia de abril de 2024, volvió a fallar en contra, confirmando íntegramente la sentencia anterior y reforzando la idea de que la opacidad del código era una medida necesaria para proteger tanto la propiedad intelectual del Estado como la seguridad del sistema y los datos de los ciudadanos.
Finalmente, el caso llegó al Tribunal Supremo, que admitió el recurso de casación de Civio. La vista oral tuvo lugar el 8 de julio de 2025. El 9 de septiembre, firmó la sentencia y, al fin, nos dio la razón.”
Resumen de la sentencia:
El Tribunal Supremo estima el recurso de la Fundación Civio y reconoce su derecho a acceder al código fuente de la aplicación “BOSCO”, utilizada para la gestión del bono social. La sentencia establece que el interés público en la transparencia algorítmica y la fiscalización de las decisiones automatizadas que afectan a derechos sociales prevalece sobre los límites de propiedad intelectual y seguridad pública alegados por la Administración. El fallo subraya la importancia de poder verificar que el funcionamiento del algoritmo se ajusta a la legalidad.
- Descarga de la Sentencia completa del Tribunal Supremo 3826/2025, REC 7878/2024 (enlace CENDOJ) (descargar en pdf)
Asesor jurídico. Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)