Cuando apenas faltan dos días para cumplir la evaluación obligatoria de riesgos laborales de empleadas de hogar, la aplicación web del Ministerio de Trabajo colapsa por “un ataque malicioso”.
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El colapso de la web Prevencion10.es
Actualizado: 13/11/2025
Miles de hogares españoles en los que trabajan empleadas de hogar se preparaban para cumplir con una obligación nueva: evaluar los riesgos laborales de éstas, trámite indispensable según la normativa vigente.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) había dado seis meses de plazo y advertía que, quien no cumpliera antes del 14 de noviembre, podría enfrentar sanciones.
Sin embargo, a menos de dos días del final, la web oficial del Gobierno, Prevencion10.es, ha colapsado, impidiendo a miles de personas cumplir con el trámite de evaluar los riesgos laborales de sus empleadas de hogar
¿Por qué es obligatoria esta evaluación de riesgos?
La medida se basa en la reforma para mejorar la seguridad en el trabajo doméstico. La Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, presentó Prevención10, una plataforma gratuita y sencilla para que familias sin conocimientos técnicos pudieran realizar la autoevaluación de riesgos laborales, siguiendo la ley igual que cualquier empresa. El objetivo es evitar accidentes y asegurar condiciones dignas para las empleadas del hogar.
Esta novedad legal supone un avance importante para el colectivo de empleadas del hogar, que hasta hace poco no tenía ni siquiera derecho a prestación por desempleo ni reconocidos todos los derechos laborales. Ahora, la prevención de riesgos laborales llega también al hogar, y con ella la exigencia de cumplir la ley como cualquier empresa.
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El nuevo sistema facilita un cuestionario online y genera automáticamente el informe de riesgos y las medidas correctoras.
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El documento debe guardarse y presentarse ante la Inspección de Trabajo si se solicita.
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La medida busca dignificar el trabajo doméstico y evitar infracciones que pasaban inadvertidas.
Colapso digital en el momento crítico
El INSST había alertado que el trámite era obligatorio y que faltar al plazo podría ser sancionable. Pero el sistema empezó a fallar por “alta demanda”, dejando sin acceso a miles de usuarios.
En un principio, la propia web indicó que la caída del servicio se debía a la “alta demanda”:
Pero más tarde se ha informado de que se trata de las consecuencias de “un ataque malicioso”.
¿Qué consecuencias puede tener para los empleadores no cumplir en plazo?
Miles de familias podrían quedar en situación irregular por causas ajenas a su voluntad. La normativa fue clara: quien no cumpla, se expone a sanciones económicas o administrativas.
Las familias con empleadas de hogar se preguntan ¿pueden sancionarnos si la web oficial no funciona y no podemos cumplir en plazo?
Realmente, la fecha del 14 de noviembre no es la fecha tope, sino que es la fecha a partir de la cual es exigible el cumplimiento.
En principio, la LISOS (Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social) prevé la posibilidad de sancionar al empleador por incumplimiento de las medidas obligatorias en materia de prevención de riesgos laborales. Las sanciones podrían llegar a un tope de 49.180 euros, pero tan solo en situaciones extremas o de agravantes. Desde el ministerio se ha indicado que el primer incumplimiento se consideraría como infracción leve (máximo de 2.450 euros).
¿Por qué no se previó el colapso de la web?
En estos años, la digitalización administrativa ha tenido problemas técnicos cuando la demanda supera la capacidad del sistema. No es la primera vez que las webs públicas fallan en momentos clave, como ocurrió también con las ayudas para autónomos o los ERTE durante la pandemia. ¿No debería el Gobierno anticipar estos picos de uso y garantizar la disponibilidad total en los plazos más críticos?
Curiosamente, la web de la Agencia Tributaria nunca se cae, ni tan siquiera en los momentos críticos del último día para presentar impuestos.
¿Qué soluciones hay?
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Por ahora, el INSST ha habilitado un correo de contacto ( prevencion10@insst.mites.gob.es ) para dudas y problemas, pero la respuesta puede tardar más de lo ideal.
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No se ha comunicado ninguna ampliación oficial del plazo, pese a la presión de asociaciones de empleadores y trabajadores.
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Las organizaciones sindicales reclaman prórrogas y mayor flexibilidad para que nadie quede excluido por fallos ajenos a su responsabilidad.
Referencias legales
Asesor jurídico. Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)