Detenidas 52 personas por fraude en el cobro del paro

Obtuvieron ilegalmente prestaciones por desempleo del SEPE y del INSS  por importe superior a los 300.000 euros.  Contaban con la colaboración de un abogado que constituía sociedades ficticias y daba de alta a los trabajadores

Estafas cobro del paro

Actualizado: 22/11/2023

La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de 52 personas por el presunto cobro ilegal de prestaciones públicas.

La investigación, que comenzó en mayo tras una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, se centró en una empresa en Albacete que se dedicaba supuestamente al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas. Sin embargo, se descubrió que esta empresa no tenía actividad comercial real y se utilizaba para facilitar el cobro ilegítimo de prestaciones por desempleo.

El modus operandi de este grupo delictivo implicaba la creación de empresas ficticias sin actividad real, administradas por testaferros, para inscribir a trabajadores en la Seguridad Social y así obtener de manera ilegítima prestaciones o subsidios de desempleo.

Además, se colocaba a familiares cercanos de los administradores ficticios para recibir prestaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

La investigación identificó a un abogado de Albacete, con antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y falsificación documental, como una figura clave en este entramado. Este abogado, junto con otras personas, estaba al frente de varias de estas empresas ficticias.

Según informa Policía Nacional, el entramado era el siguiente: “La empresa denunciada se dedicaba supuestamente al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas y tras las comprobaciones realizadas se comprobó que no existía ninguna actividad comercial y que se trataba de una vivienda residencial como indicaba la sede electrónica del catastro. Los agentes tomaron declaración a varios trabajadores de la sociedad que no cobraron ninguna prestación por desempleo, los cuales manifestaron que nunca habían trabajado para esta empresa y que habían pagado una cantidad de dinero a una persona para poder cotizar a la Seguridad Social.

Tras labores de investigación se pudo identificar a esta persona, que junto a su mujer figuraban como administradores de 30 sociedades, muchas de ellas con la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas en las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia.

La mayoría de estas empresas compartían un nexo común y es que les constaba un mismo abogado de la ciudad de Albacete como tramitador autorizado para realizar gestiones (autorizado RED) ante la Seguridad Social.  A este letrado le constaban antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y Falsificación Documental y al supuesto administrador también le figuraban numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos. ”

La investigación se centró en el autorizado RED de Albacete que, con la colaboración de terceras personas, se encontraba al frente de sociedades sin una actividad real y realizaban el alta a trabajadores en la Seguridad Social para que estos pudieran obtener de manera ilegítima una prestación o un subsidio de desempleo. De hecho, estos administradores ficticios también aprovechaban para poder cobrar prestaciones por desempleo colocando incluso a sus familiares cercanos para recibir el paro del SEPE. Los agentes pudieron determinar que buena parte de las empresas gestionadas por este autorizado RED eran ficticias y también afloraron otras sociedades con altas irregulares de trabajadores en empresas que si tenían una actividad real.

El operativo policial llevado a cabo en las provincias de Albacete, Alicante, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia resultó en la detención de 52 personas por delitos de fraude en la obtención de prestaciones. Al abogado y sus colaboradores también se les atribuyó un delito de pertenencia a grupo criminal, al haber creado un entramado empresarial con el fin de defraudar al SEPE.

El perjuicio económico total causado al SEPE y al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) se estima en más de 304.094 euros. Además, se ha descubierto un fraude a la Hacienda Pública cercano a los 12 millones de euros, que actualmente está siendo investigado por la Agencia Tributaria de Albacete.

 

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