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Las Políticas Activas de Empleo


 

 

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en las políticas activas de empleo es tan difusa que ni tan siquiera los políticos parecen tenerla clara.


Las administraciones públicas tienen dos instrumentos para luchar contra el problema del desempleo: las políticas pasivas y las políticas activas.

Las políticas pasivas de empleo

Mediante las políticas pasivas se trata de intentar reducir el impacto que el paro provoca entre quienes pierden su trabajo.  Si el paro fuera una enfermedad (y para España lo es), las políticas pasivas vendrían a ser el tratamiento que combate sus peores síntomas.  La administración, mediante prestaciones, subsidios y ayudas extraordinarias intenta facilitar ayudas económicas para proteger en cierta medida a los trabajadores que han perdido su empleo y sus familias.

Esta protección frente al desempleo está regulada y garantizada a nivel estatal en la Ley General de la Seguridad Social y también la desarrollan las Comunidades Autónomas a través de sus rentas autonómicas de inserción.

En el mes de mayo de 2019 en España hubo 1.745.593 beneficiarios de prestaciones por desempleo. El sistema protegió con algún tipo de ayuda económica al 60,1 % de los desempleados, con un presupuesto de 1.457,5 millones de euros en ese mes.

Anualmente, el importe destinado a políticas pasivas de empleo supera los 18.000 millones de euros.

 

Las políticas activas de empleo

¿Qué son las políticas activas de empleo?

Las políticas activas de empleo tratan de anticiparse al problema del paro y cuando éste se presenta, conseguir que el trabajador vuelva al mercado laboral.

La Ley de Empleo (art. 36) las define de este modo:

Las políticas activas de empleo son el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

De lo anterior, podemos desgranar en qué consisten estas políticas:

  • FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, tanto para que los trabajadores en paro puedan reintegrarse al mercado laboral, como para que los que están en activo puedan conservar su empleo, adaptándose a las nuevas circunstancias.
  • ORIENTACIÓN LABORAL Y ASESORAMIENTO.  A través de itinerarios personalizados de inserción (IPI) se facilita orientación a los trabajadores para su inserción laboral.
  • INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN, para fomentar la creación de empleo o mantenimiento de los puestos de trabajo en los colectivos que tienen mayores dificultades.

Estas políticas se definen en el llamado Plan Anual de Política de Empleo (PAPE).  El que estaba previsto para el ejercicio 2019, que finalmente no pudo aprobarse, contaba con un presupuesto cercano a los 6.000 millones de euros.





¿Quién tiene la competencia de las Políticas Activas de Empleo?

En el Plan Anual de Política para el Empleo (BOE) se establece que son las Comunidades Autónomas las que ejecutan las políticas activas de empleo y para ello, cada Comunidad dispone de su propio Servicio Público de Empleo Autonómico.  En la práctica, esto se traduce en que por ejemplo, es cada Comunidad Autónoma la que aprueba y desarrolla los cursos de formación para desempleados y las acciones personalizadas de orientación laboral.

El SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- coordina la estrategia a nivel estatal y reparte los fondos, también los procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales

El pasado mes de julio se terminó el reparto de fondos correspondiente a 2019. En total se distribuyeron entre las Comunidades Autónomas 2.317 millones de euros, que ejecutarán ellas directamente.

El Plan Anual de Empleo para 2019 contemplaba un presupuesto para políticas activas de empleo próximo a los 6.000 millones de euros, de los que 2.300 serían gestionados directamente por las Comunidades Autónomas y el resto, bajo la coordinación con el Estado a través del Ministerio de Trabajo.

Desde un punto de vista teórico, no es fácil distinguir con precisión hasta qué punto llegan las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia, pero en la práctica, la situación es incluso más complicada.

Varias Comunidades Autónomas han conseguido la declaración por parte del Tribunal Constitucional de la ilegalidad de algunas ayudas estatales, como el antiguo Plan Prepara, o el Programa de  Activación para el Empleo (PAE) porque invadían sus competencias en materia asistencial y de políticas de empleo.

Tanto el Tribunal de Cuentas, como la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), han puesto de manifiesto en respectivos informes la necesidad de mejorar la eficacia y control del conjunto de las políticas de empleo en España.

La reforma de este sistema ha sido desde el primer momento uno de los objetivos de la Ministra de Empleo, Magdalena Valerio, pero no ha podido llevarse a cabo por falta de consenso con las Comunidades Autónomas, los interlocutores sociales y el resto de partidos políticos.

Lo ocurrido en la reciente segunda sesión de investidura pone de manifiesto que por encima del interés general, parece que los partidos políticos tan solo ven en estas políticas de empleo un escaparate para atribuirse méritos que se transformen en votos.

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