La Tarjeta Social de prestaciones

Gobierno y Comunidades Autónomas comienzan los trabajos para poner en marcha la “Tarjeta Social” de prestaciones.

 

¿Qué es la Tarjeta Social?

 
La Tarjeta Social es un proyecto firme en el que está trabajando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, junto con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.  En la Conferencia de Presidentes Autonómicos del mes de enero se acordó de forma unánime su creación y la ministra de Empleo lo ha definido como “uno de los proyectos más importantes de la legislatura”. Durante este mes de abril comenzarán los trabajos para su puesta en marcha.

La Tarjeta Social será un documento que contendrá la información de todas las ayudas y prestaciones que recibe un ciudadano, sean ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos o incluso de determinadas organizaciones no gubernamentales.

Según la información facilitada por el Ministerio de Empleo, la Tarjeta Social tiene varios objetivos:

  • Dar una mayor transparencia a los programas sociales gestionados por las distintas administraciones públicas.
  • Mejorar su eficiencia y coordinación.  La mejora en la coordinación de las distintas Administraciones Públicas permitirá detectar con toda precisión las situaciones de mayor vulnerabilidad evitando así situaciones de desprotección.
  • El sistema permitirá a su vez detectar duplicidades, garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones.  La Tarjeta Social se integrará con el acceso electrónico al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, creado en 1996.

Sin embargo, no todas las opiniones han sido favorables tras el anuncio de la creación de esta tarjeta. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se ha opuesto a la creación de esta “Tarjeta Social”, a la que califica de gasto inútil que estigmatiza a las personas más necesitadas con un “certificado de pobreza”.  Dudan de su utilidad y reclaman, en un reciente informe,  el fin de los recortes y garantías para el mantenimiento de los sistemas de protección social.

 

La fragmentación de las políticas sociales

 
En este momento, las políticas sociales para el apoyo a personas vulnerables están dispersas entre distintas administraciones y su coordinación no parece fácil.

A nivel estatal, el Sistema Público de Empleo dispone de subsidios de carácter asistencial, que tan solo pueden recibir las personas que se encuentren en situación de carencia de rentas. Además, hay ayudas específicas, como la Renta Activa de Insercion (RAI) para colectivos con especiales dificultades, como desempleados de larga duración mayores de 45 años, desempleados con discapacidad igual o superior al 33%, emigrantes retornados y personas víctimas de violencia de género.   Las otras dos ayudas extraordinarias, como el Plan Prepara o el Programa de Activación para el Empleo (PAE), también tienen su origen en la administración central.

Cada Comunidad Autónoma, por su parte, ha desarrollado su propio sistema de protección. Así, encontramos hasta 19 Rentas de Inserción distintas, cada una con su normativa, requisitos, y sistema propio de tramitación.   Un reciente estudio ponía de manifiesto, además, la gran diferencia entre las ayudas económicas que para una misma situación de necesidad se están dando en unas y otras Comunidades.

Algunos Ayuntamientos también disponen de rentas de inserción y salarios sociales básicos, que actúan de forma complementaria a las ayudas estatal y autonómicas.

Ante esta situación de dispersión, poca eficacia y falta de recursos de los sistemas de protección social, algunos partidos políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales están planteando distintas opciones para su reforma.

 

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