La Justicia declara nulo el ERE de ALCOA por mala fe de la empresa

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EL TSJ de Galicia anula el despido colectivo de 524 trabajadores. La multinacional del aluminio Alcoa únicamente se planteaba una opción durante la negociación del ERE: cerrar la fábrica.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha decretado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Alcoa al apreciar “mala fe” en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo “fin único y primordial” era “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”.  En el juicio, se puso de manifiesto la estrategia de la empresa para despedir al número más alto de trabajadores, pero sin llegar al tope a partir del cual tendría que devolver las ayudas públicas recibidas.

Fallo sentencia Alcoa

Según se informa por parte del Consejo General del Poder Judicial, la sentencia del TSJ de Galicia asegura que “todas las supuestas concesiones” realizadas por Alcoa durante la negociación se produjeron “con la finalidad de evitar la calificación de nulidad del despido, única que le impediría llevar a cabo la decisión estratégica de paralización de las cubas y el cierre de la fábrica”. Así, indica que la Xunta le advirtió hasta en diez ocasiones sobre la necesidad de prolongar el periodo de consultas, algo que la compañía realizó “siempre en el último momento y con resistencias, arguyendo empecinadamente el elevado coste de mantener las cubas electrolíticas en funcionamiento”.

El ofrecimiento del ERE se produjo, según los magistrados, tras una advertencia de la Xunta, como autoridad laboral competente, y “en un momento muy avanzado de la negociación”. Además, concluyen que se prolongó “no con la finalidad de discutir sobre el despido colectivo, sino para dejar tiempo para negociar la venta con un tercero”. “La pobreza de las negociaciones es tal que se ha limitado prácticamente a dos cuestiones acerca de las posibilidades reales de la venta de la planta de aluminio a un tercero y los efectos de la parada y rearranque de las cubas de electrolisis”, subraya la Sala.

Los jueces afirman que la multinacional entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final”.

La demanda de los sindicatos CCOO, CIG y UGT logra por el momento anular los despidos y que la Alcoa tenga que abonar los salarios hasta la fecha a los trabajadores afectados.  Recientemente habían logrado también que la justicia aprobase unas medidas cautelares por las que se prohíbe a la siderúrgica parar las cubas de electrolisis.


 


 

 

¿Cuál es el futuro de esta fábrica?

A pesar de esta victoria en los tribunales, necesaria, el futuro de la factoría sigue siendo incierto.

CCOO ha emplazado a las Administraciones públicas a “hacer viable una alternativa industrial que garantice el empleo en la comarca”.

CIG, celebra la victoria judicial. “Como refleja la sentencia TSXG, Alcoa ha tomado una decisión y no quiere que se siga produciendo aluminio primario en la Marina. Por ello, es necesario iniciar el proceso de intervención pública y así evitar que la empresa lidere adelantar su plan de desmantelamiento a través de hechos consumados ”.

El Secretario General de UGT ha manifestado que “Alcoa debe ser consciente de que de España no se va a ir de rositas. Y si se quiere ir, que venda. Hay compradores. No se va a llevar el mercado a otro lugar. Tiene que sentarse a negociar de buena fe y proceder a la venta. No tiene sentido que continúen negándose a vender con la intención de cerrar en España y nutrir el mercado internacional desde otros puntos que le son más convenientes”.  “Si esto no ocurre”, ha considerado, “el Gobierno tiene que intervenir Alcoa para proceder a su venta. No podemos esperar más. Llevamos 6 meses esperando. El Gobierno debe declarar sector estratégico el aluminio y empezar un proceso para vender la fábrica. Compradores hay, con garantías”.

 

Con la sentencia del TSJ, tanto la Administración central como la autonómica confían en que sea posible mantener en funcionamiento la fábrica, posiblemente con su venta, a la que Alcoa se había negado hasta la fecha.  Se plantean como posibles compradores el grupo británico GFG Alliance o a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).


 


 

Por su parte, la multinacional ALCOA ha declarado que estudiará la sentencia para decidir los próximos pasos a dar, entre los que podría estar recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.  La empresa insiste en que los problemas de la factoría son insalvables, con tres años de pérdidas por pérdida de competitividad en el mercado internacional del aluminio a causa del incremento de los costes de energía eléctrica en España.

 

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