Los Inspectores de Trabajo protestan por la privatización de sus funciones

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Exigen una explicación al Ministro de Seguridad Social, al conocerse que el Gobierno ha contratado los servicios de una consultora privada para detectar fraudes como el de “falsos autónomos”a través de modelos de “Big Data”.

Actualizado: 22/10/2020

El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS),  la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) y los sindicatos CCOO y UGT, han expresado su malestar después de conocerse la intención del Ministerio de Seguridad Social de externalizar parte de sus servicios, contratando a una empresa privada.


Malestar de los sindicatos de Inspectores de Trabajo

El conflicto se ha desatado después de que distintos medios, como El Confidencial, informasen de la adjudicación a la multinacional Accenture de contratos de consultoría estratégica por importe superior a los seis millones de euros.  Mediante estos contratos se dotaría a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de sistemas informáticos basados en el análisis de datos para poder identificar, definir y describir nuevos focos y patrones de fraude que surgen al amparo de la economía digital, como está sucediendo con los falsos autónomos.

Según explica El Diario.es “fuentes del Ministerio de la Seguridad Social apuntan que “la licitación no está terminada, es un procedimiento aún en marcha” y recuerdan que se trata de un contrato público “que viene de atrás”. En cualquier caso, insisten, “no se trata en absoluto de sustituir a la Inspección de Trabajo”, sino que la empresa concesionaria realizará funciones “complementarias” muy especializadas que “faciliten” el trabajo de la autoridad laboral a través del llamado ‘Big Data’.”

La división en dos ministerios, Trabajo por un lado y Seguridad Social por otro, ha sido duramente criticada por las asociaciones de Inspectores de Trabajo y está ocasionando problemas de competencias.   

Con la creación de dos nuevos ministerio, la Inspección de Trabajo quedó finalmente bajo el paraguas orgánico de Trabajo, dirigido por la ministra Yolanda Díaz, pero la Tesorería General de la Seguridad Social (que depende de Escrivá), también tiene funciones de investigación.

Desde UGT, a través de un comunicado se pide al Ejecutivo deje de externalizar servicios que corresponden a la Administración y advierte que “la contratación de una consultora estratégica (que se viene realizando desde 2017 con el Gobierno del PP) para la aportación no solo del soporte tecnológico necesario para el manejo y combinación de datos, sino para su disposición por los organismos encargados de la ejecución de la política contra el fraude, supone un parche inadmisible y una renuncia por parte de la Administración General del Estado a su obligación de innovación, en un momento en que la necesidad de digitalización de la Administración es indispensable.”

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS) ha criticado duramente la licitación de este contrato. Según ha declarado a Eldiario.es que  “la noticia nos ha enfadado mucho, porque está claro que hacen falta refuerzos en este ámbito, pero en el servicio público de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, esto no se debería externalizar nunca a una empresa privada”.  Los inspectores consideran que la externalización del servicio es incluso “ilegal”, ya que “la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social es la que tiene las competencias en exclusiva en esta materia”.

Mercedes Martínez, portavoz del sindicato UPIT  recuerda que “nunca somos partidarios de estas externalizaciones, que además no suelen dar buen resultado, en las que se deja en manos de empresas privadas datos relacionados con derechos económicos de las personas trabajadoras”.

ANEXO: La documentación sobre estos contratos está disponible en la Plataforma de contratación del Estado, bajo la referencia del expediente 2020/ALFSS.