El Abogado General del TJUE considera ilegal e injustificado negar el paro a las empleadas de hogar

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Propone al Tribunal Europeo que dictamine que la norma española que impide a las empleadas de hogar acceder a la protección por desempleo se considere discriminatoria y contraria a las directivas europeas.

La norma que niega el derecho a paro a las empleadas de hogar es discriminatoria

Maciej Szpunar, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), considera que la legislación española que excluye de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar es contraria al Derecho de la Unión Europea porque constituye una discriminación indirecta hacia las mujeres.

Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes y habrá que esperar a la sentencia que está pendiente por resolver por parte del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la mayor parte de las sentencias de este tribunal son coincidentes con la valoración previa que hace el Abogado General.  Y la sentencia del TJUE ya si tendrá efecto vinculante para España.

El caso que está pendiente de juzgar por parte del Tribunal Europeo le fue remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, solicitando que se valorase si en la denegación de la protección por desempleo de la Seguridad Social española a una empleada de hogar se está incumpliendo la prohibición de discriminación por razón de sexo, prohibida por la directiva europea sobre igualdad en materia de seguridad social.

Szpunar señala en su escrito que, si el juez español llegar a la conclusión de que las empleadas del hogar están en una posición menos ventajosa, debería considerar que la legislación es contraria a las normas europeas “salvo que esté justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminación por razón de sexo”.

Las alegaciones del Gobierno español para denegar el derecho a paro de las empleadas de hogar, según los argumentos expuestos por la Seguridad Social, justifican que existe una diferencia de trato “por objetivos basados en las características específicas de la categoría de empleados de hogar y del estatuto de sus empleadores, así como por objetivos de protección de los trabajadores, de protección del nivel de ocupación en este sector y de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude”.


 


 

El letrado rechaza estos argumentos, en primer lugar, que se trata de objetivos “legítimos” de protección social, pero estima que “no son ajenos a toda discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no pueden justificar una discriminación perjudicial para las personas de sexo femenino”. Por otro lado, destaca que los motivos basados en las características de las empleadas del hogar (trabajadoras poco cualificadas que cobran el salario mínimo) o de sus empleadores (cabezas de familia) “parecen estar basados más bien en estereotipos de género” y, en consecuencia, “son difícilmente ajenos a una discriminación por sexo”.  Tampoco acepta que una eventual protección de las empleadas del hogar frente al desempleo pueda incitar al fraude. La exclusión “conduce a reforzar la concepción social tradicional de los roles”, lo que permite “no solo explotar la posición, estructuralmente más débil, de las personas que integran este sector, sino también infravalorar su trabajo”.

El Abogado General propone al Tribunal de Justicia que responda al juez español que la Directiva se opone a una disposición nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones reconocidas a los empleados de hogar por un régimen legal de seguridad social, cuando consta que estos empleados son casi exclusivamente mujeres.

La nota de prensa está accesible en este enlace.

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