En la actualidad periodística y política, se menciona la existencia del “lawfare”. ¿Qué significa ese concepto?
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¿Qué es Lawfare?
Actualizado: 19/07/2024
El término “Lawfare” se refiere al uso de procedimientos y recursos legales con fines políticos, económicos o militares, para desprestigiar, dañar o eliminar a un oponente. Esta práctica implica la manipulación del sistema judicial para obtener una ventaja estratégica, utilizando la ley como un arma en lugar de un medio de justicia.
En esencia, el Lawfare es una guerra judicial donde el objetivo es desgastar al oponente a través de litigios prolongados y costosos.
Un ejemplo. Imagina que en lugar de enfrentarte directamente a tu competidor, decides utilizar la ley para complicarle la vida. Esto puede incluir presentar demandas infundadas, solicitar medidas cautelares sin justificación real o prolongar procesos judiciales de manera intencionada para agotar sus recursos. Un ejemplo de Lawfare puede ser un partido político que utiliza denuncias judiciales para desacreditar a sus rivales y afectar su reputación pública.
Principales características del Lawfare
Uso estratégico del sistema judicial. El Lawfare implica una comprensión profunda de las leyes y los procedimientos judiciales para usarlos de manera táctica y estratégica.
Objetivos políticos y económicos. El objetivo principal del Lawfare no es la justicia, sino obtener una ventaja sobre un adversario, ya sea político, económico o militar.
Ejemplos de Lawfare
Ejemplo 1: Estados Unidos vs. China. En la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, ambos países han utilizado litigios internacionales para desafiar políticas comerciales y de propiedad intelectual.
Ejemplo 2: Casos en América Latina. En países como Brasil y Argentina, se han presentado denuncias judiciales contra políticos y empresarios con el objetivo de influir en procesos electorales o decisiones gubernamentales.
Ejemplo 3: En España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez denunció en su “carta a la ciudadanía” la existencia de Lawfare contra él.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha denunciado la existencia de una campaña contra ella desde el gobierno a través de denuncias a sus familiares y círculo más cercano.
Consecuencias del Lawfare
Desgaste financiero y emocional. Las personas y entidades sometidas a Lawfare a menudo enfrentan grandes gastos legales y un estrés significativo debido a los prolongados procesos judiciales.
Impacto en la reputación. El Lawfare puede dañar la reputación pública de los individuos o entidades afectadas, incluso si eventualmente son absueltos de las acusaciones.
Preguntas frecuentes sobre Lawfare
1. ¿Es legal el uso del Lawfare?
El Lawfare implica el uso de procedimientos legales legítimos, pero con fines estratégicos y no necesariamente justos.
2. ¿Qué diferencia hay entre Lawfare y abuso de derecho?
El Lawfare es una forma específica de abuso de derecho donde el sistema judicial se utiliza con fines estratégicos más que para buscar justicia.
3. ¿Cómo puede una víctima de Lawfare defenderse?
La víctima puede presentar contrademandas, buscar apoyo público y mediático, y utilizar recursos legales para desestimar demandas infundadas.
4. ¿Qué impacto tiene el Lawfare en la justicia?
El Lawfare puede erosionar la confianza en el sistema judicial al mostrarlo como una herramienta manipulable para fines no judiciales.
5. ¿Existen medidas para prevenir el Lawfare?
Actualmente, no existe una legislación específica en España que regule el Lawfare como tal. Sin embargo, el abuso del sistema judicial, allí donde realmente se produzca, puede ser combatido a través de reformas legales y medidas para garantizar su necesaria imparcialidad.
Tampoco es deseable que amparándose en la existencia de una presunta “guerra judicial”, se intente desde el poder limitar el ejercicio de la oposición política, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, derecho garantizado en la Constitución Española (art.24).
Artículo revisado por
Asesor jurídico. Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)
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