La realidad parece dar la razón a los sindicatos. Contratar empresas externas para gestionar prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, ERTEs o el subsidio para empleadas de hogar, no parece ser una solución eficaz, pero ¿hay otras alternativas?.
El Escudo Social necesita una Administración eficaz que lo sostenga
El “escudo social” con el que el gobierno intenta proteger a los ciudadanos más vulnerables en plena crisis, tiene los pies de barro. Las políticas sociales se están estrellando contra el muro de una administración pública obsoleta, sin medios ni personal suficiente, descoordinada y asfixiada por su propia burocracia.
Miles de trabajadores y sus familias necesitan las ayudas sociales, en este momento en el que la actividad económica se ha colapsado como consecuencia de la pandemia.
En este momento de crisis sin precedentes, hay una clara voluntad del gobierno de prestar ayuda a las personas más necesitadas y hay recursos económicos para ello, pero las ayudas no están llegando a quienes más las necesitan por el colapso burocrático de su tramitación.
¿Cuál es el estado de las prestaciones extraordinarias que se han aprobado recientemente?
La protección de la prestación por ERTE ha llegado a más de 3.500.000 trabajadores y cerca de 550.000 empresas. En algunos casos con retrasos e incluso demoras de varios meses sin cobrar la prestación, pero en términos generales 9 de cada 10 trabajadores afectados por un ERTE han podido cobrar la ayuda.
Las empleadas de hogar, sin embargo, se encuentran en peor situación y la mayor parte de las más de 30.000 solicitudes del subsidio especial aún no se han pagado, cuando han transcurrido más de 3 meses después de la puesta en marcha de esta ayuda excepcional.
También las más de 700.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, están atascadas y la mayor parte de ellas pendientes de tramitación. Esta ayuda especial para personas sin recursos debía haber servido de red para todos aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, agravada por la crisis económica sin precedentes. Se estima que cerca de un 20% de la actividad económica normal del país es economía informal. Hablamos de personas que trabajan sin contrato, o en actividades sin declarar y que por lo tanto no han podido acceder a las ayudas y subsidios oficiales, a pesar de que han perdido toda fuente de ingresos.
Los problemas en la gestión de las ayudas sociales no son nuevos
Desde hace una década, los Defensores del Pueblo (estatal y autonómicos) vienen denunciando año tras año en sus informes a los Parlamentos, la exasperante lentitud de la administración a la hora de tramitar las solicitudes de ayudas públicas, como rentas de autonómicas de inserción, o las ayudas de la Ley de Dependencia.
Mucho antes de la pandemia ya existían cientos de casos documentados de familias en riesgo de exclusión a las que se les aprobaba una ayuda social “de urgencia” 12 meses después de solicitarla. Y esta incapacidad de la administración de resolver rápidamente los expedientes se extiende a nivel autonómico y estatal.
Durante años se arrastra un déficit de medios humanos y materiales en la administración que gestiona las prestaciones y ayudas sociales y el actual gobierno, que lleva al frente de las instituciones más de dos años, tampoco ha sido capaz de resolver el problema.
La contratación de empresas externas parece no ser la solución
¿Existe alguna solución de urgencia para poder desatascar los cientos de miles de expedientes que están pendientes de tramitación?
En las nuevas prestaciones (Ingreso Mínimo Vital, subsidio extraordinario para empleadas de hogar y ERTEs), se ha recurrido por parte de la Administración a externalizar parte del proceso de información y tramitación, contratando para ello a la empresa TRAGSATEC, una empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
No hay aún una valoración oficial sobre los resultados obtenidos con esta externalización, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, el número mínimo de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital aprobadas (menos del 5% del total), probablemente la administración tenía otros objetivos. El propio ministro de Seguridad Social, Jose Luís Escrivá, al presentar el Ingreso Mínimo confiaba en haber diseñado un sistema ágil de tramitación y reconocimiento, que luego no ha cumplido las expectativas.
A finales de junio, el sindicato CCOO ya alertaba del riesgo de colapso en el SEPE por la grave falta de personal y los medios informáticos obsoletos y reclamaba la contratación de personal interino por acumulación de tareas como alternativa a las privatizaciones de gestión de los ERTE con TRAGSATEC.
Recientemente, el diario La Razón analizaba en un interesante artículo el funcionamiento interno de la subcontrata de Tragsatec en lo que se refiere al proceso de tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los testimonios de alguno de sus ex-trabajadores, según el diario, coincidían con la la valoración de los sindicatos: “Tragsa no valida las solicitudes sino que solamente las tramita. Es decir, es un mero intermediario que prolonga el proceso gestión.”
Las cifras que apuntan los sindicatos no dejan lugar a dudas sobre la pérdida de recursos humanos que ha sufrido la Seguridad Social. Por ejemplo en SEPE en los últimos diez años, ha pasado de tener 10.320 efectivos a tan solo 7.150″.
El refuerzo de las plantillas es necesario, pero también otras medidas complementarias, como mejorar la coordinación e intercambio de información entre distintas administraciones públicas, establecer colaboraciones con otras entidades, o formar a los ciudadanos en el uso de la administración electrónica. A día de hoy, la mayor parte de ciudadanos aún desconocen cómo obtener un certificado digital, instalarlo en su ordenador y utilizarlo para realizar sus trámites más habituales.
Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)
Contacto por email: info@delasheras.legal
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