La cifra de expedientes ilícitos de capitalización del paro supera los 400, formalizados entre 2020 y 2024. El importe defraudado es de cuatro millones de euros.
Actualizado: 27/03/2024
La Policía Nacional ha desmantelado una compleja red de fraude que afectaba al sistema de prestaciones por desempleo, culminando con la detención de 25 individuos. Entre los arrestados se encuentran cuatro funcionarios públicos, uno vinculado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y tres pertenecientes a la administración de la Comunidad de Madrid ( Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid), así como cuatro trabajadores de distintas entidades financieras. Este grupo es acusado de haber desviado más de cuatro millones de euros de fondos, logrando un beneficio ilícito estimado entre uno y 1,5 millones de euros.
La operación, denominada Seos, se inició en diciembre de 2022 tras detectarse actividades sospechosas en la gestión de las prestaciones de desempleo, específicamente en los expedientes de capitalización de dichas prestaciones.
La capitalización del paro, también conocida como ” pago acumulado del paro” es un mecanismo que permite a los beneficiarios que se han quedado en paro, cobrar en un pago único el importe total de la prestación por desempleo a que tienen derecho, para financiar de este modo actividades de emprendimiento como autónomos, profesionales, o participar en proyectos de cooperativas de trabajo.
A lo largo de la investigación, se reveló la existencia de una estructura para cometer el fraude organizada en cinco niveles, implicando a empleados del sector bancario, funcionarios de los servicios públicos de empleo y gestores administrativos, entre otros.
La cúspide de la organización estaba ocupada por dos individuos que se encargaban de reclutar clientes, los cuales eran dirigidos a una asesoría ubicada en el distrito de Latina, en Madrid, para la formalización de los documentos necesarios para solicitar las ayudas, principalmente destinadas a la compra de vehículos o equipamiento informático necesario para el ejercicio de la actividad autónoma.
Los implicados en la gestoría facilitaban la operación mediante la emisión de facturas falsas, en colaboración con otros dos individuos especializados en gestiones de tráfico y la venta de vehículos, respectivamente.
Un aspecto crucial del fraude involucraba a funcionarios del SEPE y de la Comunidad de Madrid, quienes utilizaban sus accesos privilegiados para monitorear y gestionar los expedientes fraudulentos, asegurando el pago de las ayudas a cambio de remuneraciones que podían alcanzar los 50.000 euros mensuales.
Los trabajadores bancarios jugaban un papel fundamental al abrir las cuentas bancarias para recibir las prestaciones de manera ilícita, y facilitar el flujo de fondos hacia la red criminal.
La fase de intervención policial concluyó con registros en 16 propiedades, resultando en la incautación de material informático, dispositivos móviles, relojes de lujo, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y una cantidad significativa de documentación. Los detenidos han sido presentados ante la justicia, enfrentándose a acusaciones por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos, cohecho, revelación de secretos, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal.
Según informa la Policía Nacional en su nota de prensa “desde el momento inicial de la investigación antes descrita, la comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones públicas concernidas –Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (Consejería de Hacienda y Empleo)– resultó ser completa y de gran eficacia, estableciéndose desde el primer momento como objetivo común el esclarecimiento de los hechos.”
