Comienza la negociación para regular el teletrabajo en cada administración pública

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En un plazo máximo de 6 meses, todas las Administraciones deberán tener aprobada su normativa específica de teletrabajo.

Deberá respetar los principios básicos del RDL 29/2020, entre ellos su carácter voluntario, reversible y sin coste económico para el trabajador.

Actualizado: 02/10/2020

RDL 29/2020, que establece el teletrabajo en las Administraciones Públicas

Con la entrada en vigor del RDL 29/2020 el pasado 1 de octubre, se han sentado las bases generales para la puesta en marcha del teletrabajo en las Administraciones Públicas, un cambio que afectará al modo de trabajar de más de 2,5 millones de empleados públicos.

La necesidad de regular este modalidad de trabajo a distancia se ha hecho absolutamente urgente, dado que desde hace meses, miles de empleados públicos vienen desarrollando su trabajo desde sus domicilios, por las medidas sanitarias recomendadas para hacer frente a la crisis sanitaria del covid-19.   CSIF, sindicato de funcionarios, estima que más de 25% se ha acogido a esta modalidad durante la crisis.

Para regular esta situación, el gobierno ha aprobado el RDL 29/2020, que en un solo artículo modifica la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) introduciendo el artículo 47bis.

El RDL 29/2020 es una regulación escueta, pero establece los principios generales para que en un plazo máximo de 6 meses cada una de las Administraciones Públicas adapte su normativa al teletrabajo

 


 


 

Nuevo artículo 47 bis EBEP. Teletrabajo.

“·1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.

2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.”


 

 

Principios generales del teletrabajo en la Administración pública

 


 

  • La modalidad del teletrabajo siempre será voluntaria para el funcionario y puesta en marcha, además, estará supeditada a que el trabajador tenga las competencias digitales y formación necesarias y que  se garantice la prestación de los servicios públicos y las necesidades del servicio. 
  • Esta regulación afectará tanto al personal funcionario como al laboral al servicio de las administraciones públicas.
  •  El teletrabajo, salvo en casos excepcionales debidamente justificados, siempre tendrá carácter voluntario y reversible. Será, además, compatible con la prestación presencial del servicio.
  • El personal que preste servicios mediante esta modalidad tendrá los mismos deberes y derechos que el resto del personal que trabaje presencialmente.
  • La Administración competente debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad.
  • No podrá suponer incumplimiento de la jornada y el horario que corresponda en cada caso y deberá garantizarse la protección de datos de carácter personal.
  • A través de la negociación colectiva se regulará el desempeño del teletrabajo en cada Administración pública.

 

Muchos de estos principios, como la reversibilidad, voluntariedad, protección de derechos del trabajador y aportación por parte del empleador de los medios necesarios para el trabajo a distancia son similares a la regulación del teletrabajo que se aprobó recientemente para los trabajadores en relación laboral.

A partir de este momento, las diferentes administraciones públicas (estatal, autonómica y local) comenzarán a negociar con los representantes de los empleados públicos las particularidades del teletrabajo en cada servicio.

 

Regulación legal del teletrabajo en la Administración Pública


 

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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