Aumentarán hasta 7.648 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto para prestaciones por desempleo del SEPE se reducirá un 10,2 % por la previsión de descenso del paro.
Políticas activas y políticas pasivas frente al desempleo
Actualizado: 19/10/2021
Las administraciones públicas tienen dos instrumentos para luchar contra el problema del desempleo:
a) Políticas pasivas: prestaciones, subsidios y ayudas por desempleo.
b) Políticas activas: formación, orientación laboral, intermediación e incentivos a la contratación.
a) Las POLÍTICAS PASIVAS de empleo
Mediante las políticas pasivas se trata de intentar reducir el impacto que el paro provoca entre quienes pierden su trabajo. Si el paro fuera una enfermedad (y para España lo es), las políticas pasivas vendrían a ser el tratamiento que combate sus peores síntomas. La administración, mediante prestaciones, subsidios ordinarios y ayudas extraordinarias intenta facilitar ayudas económicas para proteger en cierta medida a los trabajadores que han perdido su empleo.
Esta protección frente al desempleo está regulada y garantizada a nivel estatal en la Ley General de la Seguridad Social y también la desarrollan las Comunidades Autónomas a través de sus rentas autonómicas de inserción.
Según los últimos datos facilitados por el SEPE, hay más de 1.977.000 personas que reciben prestaciones y subsidios por desempleo.
Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, “para el año 2022, los recursos destinados a atender las prestaciones por desempleo, se cifran en 22.457 millones de euros, lo que implica un descenso del 10,2 por ciento respecto a lo establecido para el año anterior.
De este importe 22.093 millones de euros se destinarán al pago de prestaciones por desempleo,2.568 millones menos que en el ejercicio anterior, y el resto a gastos de funcionamiento. Con estos créditos se atienden las prestaciones por desempleo contributivas estimadas para este ejercicio en 13.050 millones de euros, los subsidios por desempleo que se cifran en 7.588 millones de euros, el subsidio del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (SEASS) se dota con 566 millones de euros y la renta activa de inserción que se sitúa en 890 millones de euros”.
Fuente: Libro amarillo de los PGE (pag. 297)
b) Las POLÍTICAS ACTIVAS de empleo
¿Qué son las políticas activas de empleo?
Las políticas activas de empleo tratan de anticiparse al problema del paro y cuando éste se presenta, conseguir que el trabajador vuelva al mercado laboral.
La Ley de Empleo (art. 36) las define de este modo:
Las políticas activas de empleo son el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
De lo anterior, podemos desgranar en qué consisten estas políticas:
- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, tanto para que los trabajadores en paro puedan reintegrarse al mercado laboral, como para que los que están en activo puedan conservar su empleo, adaptándose a las nuevas circunstancias.
- ORIENTACIÓN LABORAL Y ASESORAMIENTO. A través de itinerarios personalizados de inserción (IPI) se facilita orientación a los trabajadores para su inserción laboral.
- INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN, para fomentar la creación de empleo o mantenimiento de los puestos de trabajo en los colectivos que tienen mayores dificultades.
En 2022, el presupuesto para políticas activas de empleo crecerá un 3,3%
Según se ha avanzado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el próximo año el presupuesto para esta partida superará los 7.648 millones de euros, un 3,3% más que este año.
- El programa fomento de la inserción y estabilidad laboral tiene como objetivo incrementar el empleo promoviendo la integración de los desempleados en
el mercado laboral y la permanencia en el mismo de los trabajadores, especialmente de colectivos más desfavorecidos. Para el desarrollo de las actuaciones
previstas se presupuestan 3.640 millones de euros. Estos créditos van destinados principalmente a financiar las bonificaciones a la contratación por importe
de 1.798 millones de euros con el fin de favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayor dificultad de acceso al mismo como son personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, jóvenes o mayores de 45 años, entre otros. - Para oportunidades de empleo (incluye discapacidad) se destinan 696 millones de euros,
- para el fomento del empleo agrario en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y en las zonas rurales deprimidas se dotan 271 millones de euros,
- los créditos destinados para actuaciones de orientación profesional se cifran en 549 millones de euros;
- el fomento para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo se dota con 43 millones de euros;
- para Planes Integrales de Empleo de Andalucía, Extremadura y Canarias se dotan 107 millones.
- Además, se destinan 89 millones de euros con el fin de modernizar los servicios públicos de empleo.
Más detalle en: Libro amarillo del proyecto de PGE 2022 (pag. 297 y siguientes).
¿Quién tiene la competencia de las Políticas Activas de Empleo?
En el Plan Anual de Política para el Empleo se establece que son las Comunidades Autónomas las que ejecutan las políticas activas de empleo y para ello, cada Comunidad dispone de su propio Servicio Público de Empleo Autonómico. En la práctica, esto se traduce en que por ejemplo, es cada Comunidad Autónoma la que aprueba y desarrolla los cursos de formación para desempleados y las acciones personalizadas de orientación laboral.
El SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal- coordina la estrategia a nivel estatal y reparte los fondos, también los procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
Desde un punto de vista teórico, no es fácil distinguir con precisión hasta qué punto llegan las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia, pero en la práctica, la situación es incluso más complicada.
Varias Comunidades Autónomas han conseguido la declaración por parte del Tribunal Constitucional de la ilegalidad de algunas ayudas estatales, como el antiguo Plan Prepara, o el Programa de Activación para el Empleo (PAE) porque invadían sus competencias en materia asistencial y de políticas de empleo.
Tanto el Tribunal de Cuentas, como la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), han puesto de manifiesto en respectivos informes la necesidad de mejorar la eficacia y control del conjunto de las políticas de empleo en España.
En abril de 2021, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y las Comunidades Autónomas para un reparto del presupuesto de políticas activas de empleo de nueva generación (2021):
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Graduado en Derecho. Especialidad Derecho laboral y de la Seguridad Social. Miembro de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Gestor Administrativo colegiado (ICOGAM)
Contacto por email: info@delasheras.legal
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