Las empresas ficticias y el fraude en las ayudas por desempleo

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Con la crisis económica ha aumentado la aparición de empresas ficticias. Se trata de organizaciones que venden contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones por desempleo, cometiendo un fraude a la Seguridad Social.

 

¿Qué es una empresa ficticia?

 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social explica en su Informe Anual 2015 en qué consiste una empresa ficticia.

Se trata de aquellas que no realizan ninguna actividad económica sino que sólo se han creado para llevar a cabo un fraude. En este caso el fraude consiste en hacer contratos de trabajo falsos por el tiempo mínimo que se necesita para cobrar una prestación económica. Es decir, la empresa facilita un contrato laboral y da de alta a en la Seguridad Social a una persona a cambio de dinero, pero esta persona, en realidad, no hace ningún tipo de tarea o servicio para ella y tampoco recibe un salario.

Como señala el informe de la Inspección de trabajo, este tipo de compañías se han desarrollado sobre todo como consecuencia de la crisis económica, la correspondiente falta de puestos de trabajo y precariedad laboral.

Además, casi la mitad de los parados ya no reciben ningún tipo de cobertura por desempleo y ven cómo no consiguen acceder a un puesto de trabajo ni tampoco acumular las cotizaciones suficientes para acceder a las ayudas. Por ello compran literalmente un contrato de trabajo que les permita después solicitar un subsidio por desempleo.

Para poner fin a esta estafa, el gobierno aprobó en 2012 el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social para perseguir con más dureza el fraude laboral. En este contexto, se aprobó una modificación en el Código Penal que ha permitido que se consideren como delito estas prácticas fraudulentas, a través de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Por un lado, la compañía creada para quedarse con el dinero que tendría que pagar a la Seguridad Social estaría cometiendo un delito, pero también se sancionará al trabajador por el cobro indebido de una prestación económica que no le corresponde.

Según datos del gobierno, este Plan contra el fraude ha dado buenos frutos y en 2015 se ha reducido este tipo de fraude a más de la mitad con respecto a 2014.

 

El fraude: cómo actúan estas empresas

 
Aunque ya se ha introducido anteriormente, hay que detenerse un poco más en la forma en que funcionan este tipo de organismos que estafan a la Seguridad Social y que por tanto cometen un delito tipificado en el Código Penal desde 2012.

En los casos que ha descubierto la Policía Nacional en distintas partes de España, la manera en que operaban estas empresas ha sido parecida: captaban a los trabajadores desempleados que necesitaban cumplir los requisitos para solicitar una ayuda (12 meses, por lo menos, para solicitar la prestación contributiva, y entre 3 y 6 meses, para pedir el subsidio por insuficiencia de cotización o la ayuda familiar). Posteriormente, les hacían un contrato laboral por el que los trabajadores pagaban una cantidad de dinero y les daban de alta.

Este pago podía producirse de una vez, al formalizarse el contrato (a un precio que podía estar en torno a los 300 euros, como mínimo). Pero además, estos trabajadores pagaban sus propias cotizaciones a la Seguridad Social, llegando a desembolsar en total grandes cantidades de dinero, que se quedaba directamente el empresario, ya que nunca llegaron a la Tesorería de la Seguridad Social. También por medio de este fraude, los trabajadores extranjeros conseguían permisos de trabajo.

Finalmente, cumplido el tiempo necesario para pedir una prestación, las empresas les daban de baja en la Seguridad Social.

También se han detectado empresas que existían realmente y realizaban algún tipo de actividad comercial, pero que hacían estos contratos falsos y altas ficticias de trabajadores. Maquillaban un poco más su estructura empresarial, pero igualmente estaban cometiendo un fraude.

De esta manera, según informa el Ministerio de Empleo, en el año 2014, la Policía y la Guardia Civil detuvieron a 4.631 personas que habían estado estafando a la Seguridad Social. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue fundamental la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que esta detectó 9.822 infracciones en materia de Seguridad Social. El fraude laboral había aumentado ese año en un 16,8%, con respecto al 2013. Esto en euros se tradujo en un gasto de 257.120.621 euros en 2014.

El Plan de Lucha Contra el Fraude

La nueva normativa y el resto de medidas para hacer frente a esta estafa laboral dieron frutos, de tal manera que este año la Inspección de Trabajo ha detectado 1.758 infracciones de este tipo en 2015 frente a las 4.487 del año anterior. Asimismo, el número de altas a la Seguridad Social falsas fue de 7.337 en 2015, frente a las 17.880 detectadas en 2014.

Una de las herramientas que ha implantado el Ministerio de Empleo es el llamado “Buzón contra el fraude laboral” para que cualquier persona que detecte alguna irregularidad laboral lo pueda denunciar. En ningún caso hay que dar datos personales sino sólo explicar los hechos para que la Inspección de Trabajo pueda empezar a investigar y detectar irregularidades.

 

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