“Tener un trabajo ya no es garantía de salida de la pobreza”

En esta ocasión, no son los sindicatos los que denuncian el retroceso en los derechos laborales y la precariedad, sino el propio Defensor del Pueblo en su informe 2017.

El Estado social se está reconvirtiendo. En él, los derechos civiles y los derechos sociales se reducen.”

El pasado 24 de abril, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentó el Informe Anual 2017¹ a la Comisión Mixta de las Cortes Generales.

Reproducimos íntegramente las reflexiones finales del documento, en las que alerta sobre el retroceso que se está produciendo en los derechos sociales y laborales y el aumento de la precariedad y las desigualdades, que está provocando una fuerte y justificada reacción social de los menos favorecidos.

“A quien tenga trabajo hoy no se le garantiza que lo tenga mañana, y tampoco que ese trabajo le proporcione la cobertura de sus necesidades básicas”

“REFLEXIONES FINALES

La recesión llega a su fin. Instalados en la divergencia

A lo largo de los cuatro últimos años la economía española viene mostrando, de manera continuada, una mejoría. Ha crecido a buen ritmo, por lo que la recesión puede darse por finalizada.

Con la recuperación, encadenamos un nuevo ciclo económico en el que la ocupación está aumentando a un ritmo elevado. Según la EPA del cuarto trimestre de
2017, el incremento del empleo producido entre esa fecha y el primer trimestre de 2014 se sitúa alrededor de dos millones de nuevos ocupados. A lo largo de este Informe se ha dicho reiteradamente que las pérdidas de empleo habidas durante los años de la crisis fueron del 18.3 %, por lo que con el empleo generado en la actual recuperación queda reducido ese saldo al 8,5 %.

El sector exterior ha dejado de ser el factor de contracción de la actividad, para pasar a constituir uno de los principales motores del crecimiento. Lo ha permitido la pujanza exportadora, junto con la contención de las importaciones. Esto se hace gracias al aumento de la competitividad y de la productividad. Hacemos lo mismo que antes, aunque empleamos a menos gente.

Después de un período durante el cual ha venido «lagrimeando» el déficit público, termina el año 2017 con el 3,1 % del PIB, cumpliendo con los objetivos programados con la UE, por lo que en breve saldremos del procedimiento europeo de déficit excesivo. La inyección masiva de crédito y los bajos tipos de interés evitaron una gran depresión en la zona euro. Las empresas españolas se beneficiaron de ello, puesto que durante el período de ajuste sufrieron grandes dificultades crediticias. Pues bien, terminaron el ejercicio pasado en una situación financiera favorable, en la que el crédito fue abundante a unos tipos de interés casi nulos. La laxitud monetaria impulsada por el BCE permitió que se fraguara un ambiente favorecedor de la toma de decisiones de inversión.

El que se llegara a esta situación se debió al favorable comportamiento de los llamados vientos de cola, que soplaron con intensidad (coste del dinero, cotización del euro, precio del petróleo). Su empuje, no tiene por qué producirse en el futuro en la misma dirección que lo habían hecho hasta ahora (J. Oliver Alonso y J. Maudos).

Por tanto, aparece una cuestión que no debe ignorarse: su credibilidad. Si en los vientos de cola se produjera un giro no favorable, si perdieran fuerza, podría aparecer una serie de problemas estructurales, que subyacen debajo de la «bella normalidad» actual: el envejecimiento de la población, el endeudamiento público y privado, la desigualdad, la pobreza, la exclusión social o el bajo crecimiento de la productividad.

¿Son estos los únicos problemas con los que nos podemos encontrar? No.

Decimos esto porque consideramos que debemos reflexionar sobre lo que se podría producir si no aumenta sustancialmente la productividad, ya que, de no ser así, las bases de la recuperación se verían afectadas. Ante semejante posibilidad, han de ser tenidas en cuenta algunas circunstancias.

La primera, la reducida confianza que, en amplias capas de la sociedad española, se tiene acerca de la pujanza del proceso de recuperación. Según datos de Cáritas, y de la Fundación FOESSA, al día de hoy, el 70 % de los hogares no han percibido que los efectos de la recuperación les hayan alcanzado. Es más, creen que continuarán viéndose perjudicados por las duras exigencias comunitarias.

Algunos ejemplos de ese escepticismo pasan a enumerarse a continuación, relacionados primordialmente —aunque no solo— con el ámbito laboral, la protección social y la fiscalidad.

En muchos de esos hogares se padece una situación diferencial respecto de las condiciones laborales, que existen en otras economías avanzadas. El elevado nivel de paro y un empleo plagado de bajas salariales y de excesiva precariedad laboral, no permiten que desde esos hogares se pueda hablar, en puridad de concepto, de progreso social.

El precariado tropieza con una sociedad democrática, en la que resulta difícilmente asumible dejar a un porcentaje significativo de ciudadanos en el borde de la
cuneta.
Pero, además, a partir de los 65 años, cuando los hombres y las mujeres entran en una edad post laboral, la situación económica experimenta, para ellos, un cambio importante que obliga a reflexionar sobre conceptos claros como producción, riqueza, desigualdad o pobreza.

En nuestro caso, como se ha señalado en la sección dedicada a la Situación del Sistema Público de Pensiones, la vía elegida de forma implícita, en la reforma de 2013, es la de propiciar una progresiva caída de la pensión media real, para que a la altura de 2050 se pudiera mantener el gasto total de esta partida en niveles similares a los actuales (en un contexto en el que la población pensionista se habría incrementado hasta alcanzar algo más de 15 millones). Ello tendría un fuerte impacto en la cuantía media de las pensiones, amenazando su adecuación y algo más importante, el grado de sostenibilidad social.

Llevando esta reflexión al ámbito de las políticas tributarias decididas durante la crisis, se puede afirmar que ellas han venido a agravar el proceso de regresivización del sistema fiscal, y hay que destacar que lo han hecho «en frío», durante un período en el que para la mayoría de la población la renta ha estado estancada o disminuyendo, con lo que el cambio registrado en el patrón tributario se ha producido en un contexto muy duro, de suma cero.

Podrían añadirse algunos casos más. La inversión pública ha venido experimentando un continuo descenso, hasta situar la correspondiente a 2017 en el
mínimo de los últimos 50 años (el 1,9 % del PIB), ejercicio en el que ni siquiera se cubre la depreciación de los capitales acumulados. En medios de comunicación eso se ha editorializado, manifestando que «en España, la gestión de la crisis ha tenido una notable descapitalización de la economía que puede pasar factura en los próximos años». La severidad con la que se ha actuado puede llegar hasta el punto de que se limite la capacidad de crecimiento.

En sanidad y en educación los gastos en servicios sociales, también se han reducido. El gasto educativo español supone un 4 % del PIB, por debajo de la media de la OCDE.

La laxitud monetaria a la que nos referimos más arriba no se ha aprovechado suficientemente. Una inversión pública bajo mínimos, junto con un gasto en capital humano para el cual no existen indicios de un cambio de tendencia, llevan hacia una reflexión no precisamente optimista.

Salir de esta situación no va a resultar fácil, puesto que durante la crisis se ha aplicado con intensidad una serie de políticas y de reformas que no han contribuido a la convergencia, todo lo contrario, nos han llevado a la divergencia, acentuando la desigualdad.

Por eso, si el proceso de salida de la recesión se pretende culminar repitiendo los diseños de política económica aplicadas en el período de ajuste, se corre el riesgo de que el deterioro en la desigualdad perdure más allá de la crisis. Que esto pueda suceder, es particularmente preocupante, y también lo es que se produzca la caída de las rentas más bajas y el aumento de la pobreza más severa.

Tenemos un reto por delante, evitar que se enquiste esta situación de desigualdad, ocasionando daños duraderos que terminen incidiendo en la plasmación
aún más injusta de la distribución personal de la renta.

Desde el Defensor del Pueblo consideramos que la recesión ha llegado a su fin, por lo que manifestamos que el péndulo de la política económica tiene que girar. La solución no pasa por reducir, empequeñecer o jibarizar los contenidos de la actividad económica. Lo adecuado es conducir la recuperación por senderos distintos de aquellos que se han aplicado durante el período de vigencia de las políticas de austeridad, evitando la cronificación.

Desde el Defensor del Pueblo afirmamos que el período de ajuste ha originado un enorme coste social, los recortes que se aplicaron redujeron el bienestar de los ciudadanos, sin que en ningún momento se atisbara el más mínimo deseo de recalibrar el estado de bienestar. Esto significa que nos estamos separando de la senda convergente sostenida, no sin esfuerzo, desde los inicios de la democracia.

Las políticas aplicadas para enfrentarse a la crisis pusieron fin a cuatro décadas de decisiones modernizadoras de la estructura social. Las reformas, que se han

adoptado a lo largo del ajuste, han hecho peligrar tanto el acceso, como la cantidad y la calidad de servicios y prestaciones.

Desde la atalaya que ofrecen las reflexiones que se han formulado se puede sostener que el ascensor social está cambiando de sentido en España. El Estado social se está reconvirtiendo. En él, los derechos civiles y los derechos sociales se reducen.

Atrás ha quedado el tiempo durante el cual las diferencias disminuían. Ahora ocurre lo contrario, arrecia la desigualdad, con el agravante de que la amenaza de exclusión ha ampliado su perímetro, yendo más allá de los tradicionales sectores marginados.

A quien tenga trabajo hoy no se le garantiza que lo tenga mañana, y tampoco que ese trabajo le proporcione la cobertura de sus necesidades básicas, lo que hace que esos ciudadanos vivan en un estado de constante ansiedad (Z. Baumann). Todo ello lleva a que soportemos los efectos de una fuerte fragmentación social, que da origen a un clima de tensión y de dolarización.

Nuestra convicción es que hoy son muchos los ciudadanos españoles que necesitan que el Estado les apoye, aunque paradójicamente este no siempre hace acto de presencia. Por el contrario, abundan las situaciones en las que los problemas que afectan a la gente se encuentran fuera de la agenda política de los gobernantes, sin que tampoco entren a formar parte, por el silencio o por el olvido, de las estrategias de quienes están en la oposición.

La realidad cotidiana de la sociedad del descenso es que está plagada de miedo, de carencias y de precariedad, y que nos hemos acostumbrado a tan lamentable situación. Así lo atestiguan los despidos individuales o colectivos, las rebajas de salarios, la sustitución de mano de obra fija y con experiencia por otra más barata y precaria, unido a la asunción de más tareas por parte de los mismos trabajadores (J. Estefania).

Pues bien, hay datos que muestran que existen otras posibles políticas de predistribución, que sirven para disponer de mejores sistemas de educación, sanidad y protección social; políticas que apoyan inversiones públicas y mayores impuestos personales directos, que contribuyen a reducir las diferencias y a reparar las injusticias.

Como quiera que las cosas no siempre van en esa dirección, si no existe un cambio de sentido pudiera ocurrir que a lo largo de los próximos años los conflictos de esta sociedad empobrecida, con mayor probabilidad darán lugar a más altos antagonismos políticos que a nuevos consensos.

Desde ese prisma tiene su lógica social el que en algún momento se llegue —si es que no se ha llegado ya— a que se desencadene una fuerte reacción en contra de la desigualdad. Y, debido al malestar existente, aparezcan con nitidez actitudes orientadas «a volver a colocar las cosas en su sitio», abriendo un fuerte debate político dirigido a limitar, entre otras opciones, el recorte tributario que han venido disfrutando aquellos contribuyentes que poseían más renta y más patrimonio.

Hemos vuelto a un mundo con demanda insuficiente (J. Robinson), que lleva años en una posición insostenible, en el que para salir de ella se necesita que el gasto público se comprometa más. Que favorezca la creación de empleo, que dote de suficiencia a las principales políticas públicas de carácter social, que se plantee con honestidad y transparencia la posibilidad y la conveniencia de elevar los impuestos, ya que pese a la antipatía que muchos profesan hacia ellos, son el instrumento más sólido, consistente y ortodoxo que puede hallarse para financiar el gasto en escuelas, en infraestructuras físicas y tecnológicas, en protección social dirigida hacia los segmentos de una sociedad envejecida y en buena medida empobrecida.

Pese a que alrededor de ellos pueden levantarse buenas prácticas, no siempre los impuestos son los utilizados para sostener las cargas públicas, ya que —como se ha visto en nuestro caso— con frecuencia se recurre a financiar estas y otras actividades mediante la deuda pública. Quienes hacen esto, atemperan los impuestos de hoy para incrementar los impuestos de mañana.

Las posibilidades que tienen los planteamientos que se han expuesto son dignas de ser tenidas en consideración, ya que es un error suponer que, cuando se salga de la crisis, se reducirá por si sola la desigualdad. No. Esta lacra solo podría corregirse si se lleva a cabo una importante política activa de redistribución de rentas (L. Ayala).

Reiteramos nuestro punto de vista, el camino del ajuste ya ha llegado a su fin, por lo que desde el Defensor del Pueblo consideramos que, para mantener
adecuadamente los derechos sociales, es hora de orientar la política económica hacia terrenos más equilibrados, conducirla a territorios más amplios y comprometidos, alejarla de esos que hemos venido trillando para superar la recesión. Aunque solo sea porque los destrozos de la crisis en el aparato productivo, en el tejido social y en el espacio institucional son los verdaderos factores que dificultan —y no poco— la percepción ciudadana de la recuperación.”

 

Defensor del Pueblo. Reflexiones finales. Informe anual 2017 y debates en las Cortes Generales Volumen I. 2. Crisis económica y desigualdad

( versión pdf completa)
 

Un artículo de la redacción de Loentiendo.com

Abogados, Graduados Sociales y redactores especialistas en derecho laboral.


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