Las trabajadoras del hogar reclaman al nuevo gobierno reformas para garantizar derechos laborales básicos: protección por desempleo, convenio colectivo, mejora salarial y actuación de la Inspección de trabajo para luchar contra la precariedad laboral.
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El trabajo en el hogar familiar es un sector clave y desprotegido del mercado de trabajo
Fecha de publicación 2/07/2018
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay más de 637.000 personas que trabajan como empleados de hogar, pero tan solo unas 420.000 están dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que es obligatorio. Las trabajadoras del hogar suponen el 2,2% del total de afiliados a la Seguridad Social.
En este sector, 9 de cada 10 trabajadores son mujeres y un 30% no tiene contrato laboral ni protección social.
Se trata de un sector con graves problemas de precariedad laboral. Gran parte de las horas de trabajo se producen en economía sumergida y superando las jornadas máximas de trabajo, con condiciones abusivas y sueldos muy por debajo de la media.
A esta situación, se añade la discriminación legal que sufren de las trabajadoras en sus derechos laborales. No se les permite cotizar por desempleo para tener acceso al paro, no hay opción a la negociación colectiva y existe un despido libre, el llamado “desistimiento del empleador” con una mínima indemnización. La Inspección de Trabajo, por su parte, se enfrenta a la imposibilidad de investigar estas situaciones, al producirse en un espacio protegido como es el hogar familiar, donde tampoco es posible aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales.
Una equiparación de derechos que no llega. La enmienda 6777
En el año 2012, gobierno, empresarios y sindicatos llegaron a un acuerdo para que de forma progresiva se fueran equiparando los derechos de los empleados de hogar con el del resto de trabajadores. Este proceso debería estar completado en el año 2019.
Sin embargo, la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye una enmienda para retrasar la equiparación de las condiciones de este colectivo hasta el año 2024. Es la que se conoce como “enmienda 6777“, que en su momento fue presentada por el Grupo Popular, pero que el resto de partidos políticos no han derogado la semana pasada, cuando han tenido la oportunidad de hacerlo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en el año 2011 el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, que reconoce el trabajo doméstico como cualquier otro trabajo y garantiza que las trabajadoras y trabajadores del hogar sean tratados en igualdad de condiciones que el resto del personal asalariado en cada país. Este convenio no ha sido ratificado por España.
Comienzan las movilizaciones para que el nuevo gobierno corrija esta situación
Ayuntamientos, como el de Sevilla o el de Madrid entre otros muchos, han aprobado mociones para que se respeten los acuerdos que se adoptaron en el año 2012 y se haga efectiva la equiparación de los derechos de las empleadas de hogar.
Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO piden “equiparar sin demora los derechos de las empleadas de hogar” y consideran que “el nuevo contexto político debe ser una oportunidad para, de manera inmediata, volver a abrir el Diálogo Social y resolver una parálisis de seis años”.
La Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoce la necesidad de ampliar los derechos de las trabajadoras del hogar, pero alega la imposibilidad de equiparar sus derechos laborales a corto plazo debido a las limitaciones de un presupuesto “que han recibido en herencia y no es el de este gobierno”. Sin embargo, el gobierno si comenzará a tramitar la ratificación por parte de España del Convenio de la OIT, un instrumento para que los gobiernos equiparen los derechos de los trabajadores del hogar y que entre otros derechos reconoce la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
Este video presenta algunas entrevistas a trabajadoras del hogar que participaron en las movilizaciones del pasado 27 de junio ante el Congreso de los Diputados.
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