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El 70% del agujero de la Seguridad Social son gastos ajenos a las pensiones

La Seguridad Social soporta gastos por prestaciones no contributivas y asistenciales que deberían ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no del sistema de cotizaciones.  Artículo recomendado de La Razón


Fecha de publicación 05/08/2019

Comprender el estado contable de la Seguridad Social no es fácil, pero artículos como el publicado hoy por La Razón ayudan a desmontar algunas contradicciones.

Recientemente conocíamos de fuentes oficiales que las cuentas de la Seguridad Social presentaron el pasado mes de junio un saldo positivo de 2.983 millones, mientras que desde hace meses, organismos como la AIREF o el Tribunal de Cuentas alertan en sus informes de la existencia de un déficit crónico, que el año pasado superó los 19.000 millones de euros.


Desde 2011, los ingresos por cotizaciones han aumentado un 9 %, mientras que los gastos lo han hecho en un 26,21 %. 





Este desajuste se ha cubierto gracias al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, una “hucha” de la que se han tomado 78.000 millones, y el resto se han cubierto con créditos concedidos por la administración a la Seguridad Social.

Este descuadre se debe por un lado al incremento del gasto en pensiones por el boom demográfico, pero principalmente por la existencia de gastos asistenciales y prestaciones no contributivas ajenas al sistema de cotizaciones y que superan los 11.000 millones de euros anuales.


Artículo recomendado de La Razón:  https://www.larazon.es/economia/el-70-del-agujero-de-la-seguridad-social-son-gastos-ajenos-a-las-pensiones-EF24473601




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1 comentario en “El 70% del agujero de la Seguridad Social son gastos ajenos a las pensiones”

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  2. Por su posible interés, reproducimos uno de los comentarios que sobre esta información se ha publicado en el grupo de facebook Top Laboral:

     
    Hola Antonio. Imagina que tú tienes una empresa en España y que fabricas zapatos. Tus clientes están satisfechos con la calidad del calzado y lo vendes a un precio competitivo. El negocio en si es rentable, ya que los ingresos de las ventas de zapatos superan a los costes de producirlos (costes directos de producción, personal, gastos indirectos, incluso tributos y retribución del capital).

     
    Ahora bien, resulta que a tu empresa de fabricación de zapatos, por ley, le imponen las siguientes obligaciones desde el ayuntamiento:
    – Constituir un fondo económico asistencial para proteger a las personas en situación de necesidad en el pueblo donde tenéis instalada la fábrica.
    – Financiar la rehabilitación medioambiental del rio que pasa por el pueblo y de los dos montes cercanos. Aunque tú no los contaminas, eres la única fábrica del pueblo y han creado una tasa ecológica que al final solo paga tu empresa.
    – Crear y financiar un sistema de becas para que los hijos de tus empleados con menos recursos puedan estudiar una carrera universitaria.
    – Construir en el pueblo una guardería para que los trabajadores de tu fábrica puedan dejar a sus hijos y conciliar la vida profesional con la laboral.

     
    Bueno, pues sumando el coste de todas esas obligaciones que han impuesto por ley a tu empresa, resulta que tu actividad empresarial, que era rentable en cuanto a mera producción, pasa a generar pérdidas.
    Todos esos objetivos y medidas sociales, que son respetables, no los deberías financiar tú mediante tu empresa, sino que deberían correr a cargo del presupuesto del municipio o la comunidad autónoma. Te están cargando la obligación de proporcionar unos servicios y una prestaciones que no te corresponden.
    Pues bien, con la Seguridad Social pasa algo similar, salvando las distancias y eso es lo que se explica en el artículo de La Razón.

     
    La Seguridad Social está financiando prestaciones que son asistenciales y que están recibiendo personas que no han contribuido en el sistema. Naturalmente, deben mantenerse por el interés general, pero no las debería financiar la Seguridad Social, sino que tendrían que costearse desde los Presupuestos Generales del Estado y esto es algo en lo que la propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, está de acuerdo.

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