No es admisible que con un contrato de trabajo se organice el ejercicio de la prostitución


 

 

La Audiencia Nacional anula los estatutos del “sindicato” Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) al considerar que el ejercicio de la prostitución por cuenta ajena no puede ser objeto de un contrato de trabajo.  La libertad sexual es un derecho personal que no puede ser organizado ni formar parte del negocio de otros.

 

1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia declarando la nulidad de los Estatutos del Sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS)

 
En su sentencia¹ (174/2018), la Sala estima parcialmente las demandas presentadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, a las que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien sostuvo en la vista que el ámbito funcional que se expresaba en los estatutos impugnados resultaba fraudulento pues suponía el reconocimiento de la laboralidad de la prostitución ejercida por cuenta ajena, lo que implicaría, a su vez, reconocer como lícita la actividad del proxenetismo, que se encuentra tipificada en el Código Penal.

 
La representación del sindicato OTRAS, por su parte, defendía que su ámbito funcional era el de “actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”, además de la prostitución, lo que incluía actividades como las realizadas por los trabajadores del alterne, los bailarines eróticos, los actores porno y los centros de mensaje.
 
Si bien los magistrados admiten que puede existir relación laboral en actividades como el alterne, la pornografía o los espectáculos eróticos, no resulta posible con arreglo a nuestro derecho admitir la prostitución por cuenta ajena, es decir,  la celebración de un contrato de trabajo por el cual el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales que le indique el empresario con las personas que este determine a cambio de una remuneración.

 

2. No es admisible un contrato de trabajo que regule la prostitución por cuenta ajena

 

El Tribunal explica, en el fundamento jurídico séptimo, lo siguiente con los siguientes argumentos:
 
“Efectuadas las anteriores consideraciones de carácter general y centrándonos en el objeto del presente pleito, como se ha admitido por las demandadas en el ámbito funcional que determinan los estatutos de la organización sindical OTRAS, esto es, las ” actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes”, comprende tanto actividades respecto de las que no cabe duda que pueden ejercerse en el marco de una relación laboral como son las referidas al alterne- entendiendo por tal la incitación al consumo en establecimientos abiertos al público mediante la provocación del deseo sexual en el cliente-, la pornografía, la participación en espectáculos públicos con connotaciones eróticas…-, como el ejercicio de la prostitución bajo el ámbito organicista y rector de un tercero, lo cual como se ha dicho no resulta un objeto válido en el marco de un contrato de trabajo.
 
Desde el momento en que el precepto estatutario no excluye tales servicios de su ámbito funcional, la ilegalidad del mismo resulta manifiesta pues como ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal, las consecuencias de su admisión resultarían totalmente contrarias al ordenamiento jurídico por cuanto que supondría:
 

  • a) dar carácter laboral a una relación contractual con objeto ilícito;
  • b) admitir que el proxenetismo– actividad respecto de la que como hemos señalado el Estado se ha comprometido internacional a erradicar- es una actividad empresarial lícita;
  • c) admitir, a su vez, el derecho de los proxenetas a crear asociaciones patronales con las que negociar condiciones de trabajo y frente a las que se pudieran adoptar medidas de conflicto colectivo, posibilidad ésta que expresamente descarta la STS de 27-11-2004 ya referida;
  • d) asumir que de forma colectiva la organización demandada y los proxenetas y sus asociaciones puedan negociar las condiciones en la que debe ser desarrollada la actividad de las personas empleadas en la prostitución, disponiendo para ello de forma colectiva, de un derecho de naturaleza personalísima como es la libertad sexual- entendiendo por tal el derecho de toda persona de decidir con qué persona determinada se quiere mantener una relación sexual, en qué momento y el tipo de práctica o prácticas que dicha relación debe consistir-.”

 

3. ¿Debe disolverse el Sindicato de Trabajadoras Sexuales?

 
La sentencia rechaza pronunciarse sobre la solicitud de las demandantes (la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla y el Ministerio Fiscal) para que se declarara la disolución del sindicato ya que esta pretensión debía tramitarse en un procedimiento diferente, tal y como establece la ley reguladora de la jurisdicción social.
 
Contra esta sentencia de la Audiencia Nacional cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

4. Sentencia de la Audiencia Nacional 174/2018  de 19 de noviembre de 2018

 
Documentación adjunta: ¹  SENTENCIA Nº: 174/2018 (Audiencia Nacional, Sala de lo Social) de 19 de noviembre de 2018 (pdf)
 
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Un artículo de Oscar de las Heras

Coordinador de Loentiendo.com en el área de Derecho laboral


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